Washington, D.C. – La nueva ley fiscal aprobada por el Senado de los Estados Unidos representa un duro golpe para millones de migrantes. Entre las medidas más polémicas se encuentran un nuevo impuesto del 3.5 % a las remesas, incrementos significativos en los costos de trámites migratorios y humanitarios, y restricciones en el acceso a beneficios fiscales y de salud.

El ambicioso paquete, impulsado por la administración del presidente Donald Trump, contempla un gasto total de casi US$170,000 millones en cuatro años, de los cuales una parte considerable se destinará a reforzar la seguridad fronteriza, expandir los centros de detención y contratar 20,000 nuevos agentes para el ICE y la CBP.

Remesas bajo impuesto: impacto directo a las familias en el extranjero
Con la entrada en vigor de la ley, todas las remesas enviadas al extranjero estarán sujetas a un impuesto del 3.5 %, afectando de forma directa a millones de familias que dependen de estos envíos.

Según el Migration Policy Institute, Estados Unidos fue el mayor emisor de remesas en el mundo en 2023, con más de US$85,800 millones enviados al exterior. El nuevo gravamen afectará principalmente a comunidades migrantes de América Latina y el Caribe, donde las remesas constituyen un soporte vital.

Trámites migratorios: más caros y menos accesibles
La legislación también encarece notablemente los trámites migratorios y humanitarios, incluyendo los siguientes aumentos:
-US$1,000 por solicitud de asilo (antes gratuita).
-US$550 por permisos de trabajo válidos solo por seis meses.
-US$100 anuales para solicitantes de asilo con casos pendientes.
-US$900 por apelar decisiones judiciales migratorias (antes US$110).
-US$500 por solicitud de Estatus de Protección Temporal (TPS).

Estas medidas elevan considerablemente la barrera económica para los migrantes que buscan protección o regularización.

Recorte a beneficios fiscales y de salud
La ley también excluye a millones de migrantes del acceso a créditos fiscales, especialmente a familias con al menos un padre indocumentado o sin número de seguro social, quienes ya no podrán recibir el Child Tax Credit.

En el ámbito de la salud, se reducirán los fondos federales de Medicaid a los estados que ofrecen servicios médicos a personas sin estatus legal. Además, inmigrantes con estatus temporal o visas de trabajo perderán el acceso a seguros subsidiados, como los ofrecidos bajo el “Obamacare”.

Expansión del sistema de detención migratoria
El plan fiscal también contempla una agresiva expansión del aparato migratorio estadounidense:
-Más de US$134,000 millones se destinarán a construir nuevos centros de detención y tecnologías de vigilancia.
-US$64,000 millones serán utilizados para la construcción del muro fronterizo.
-Se espera que la capacidad de detención aumente de 50,000 a más de 200,000 personas, según el CATO Institute.

Una ley con efecto dominó en comunidades vulnerables
El Gobierno ha defendido estas medidas como parte de una estrategia de “control migratorio eficaz”, pero diversas organizaciones de derechos humanos y comunidades migrantes advierten que la ley profundiza la criminalización de la migración y empobrece a miles de familias que dependen de las remesas o buscan un estatus legal.

Mientras el proyecto vuelve a la Cámara de Representantes para su aprobación final, las reacciones no se han hecho esperar tanto en organismos internacionales como entre líderes comunitarios, quienes piden revisar las implicaciones humanitarias y económicas de la legislación.