Tribunal Constitucional anula decreto sobre rangos militares y otorga dos años al Congreso para legislar

El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional el Decreto 178-25, emitido el 2 de abril de 2025, mediante el cual se establecía una nueva escala de rangos para alistados y suboficiales de las Fuerzas Armadas, al considerar que la medida invadía competencias reservadas al Congreso Nacional.

La decisión está contenida en la sentencia TC/0287/26, en la que el alto tribunal concluyó que el Poder Ejecutivo carecía de facultades para crear nuevos escalafones, modificar categorías de rangos o establecer requisitos y plazos de ascenso mediante decreto, por tratarse de materias reservadas a la ley que regula la carrera militar.

No obstante, el TC dispuso que los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad entren en vigor dentro de un plazo máximo de dos años, con el objetivo de evitar un vacío normativo en el sistema de clasificación y ascensos de las Fuerzas Armadas. Durante ese período, el Congreso Nacional deberá aprobar una legislación que regule esos aspectos conforme a la Constitución.

La decisión responde a una acción directa de inconstitucionalidad presentada por Jhonny Robinson Almánzar. El tribunal determinó que el decreto no se limitaba a aplicar una estructura ya existente, sino que introducía modificaciones sustanciales en la jerarquía de suboficiales y alistados, así como en los requisitos para ascender dentro de la institución militar.

Según la sentencia, la disposición incrementó categorías, alteró escalafones establecidos por ley y modificó los períodos requeridos para los ascensos, competencias que corresponden exclusivamente al Poder Legislativo. Además, señaló que los cambios incidían en el régimen de compensaciones económicas al modificar la relación entre rangos y salarios prevista en la normativa vigente.

El Tribunal Constitucional aclaró que la decisión no cuestiona los objetivos de profesionalización de las Fuerzas Armadas perseguidos por el decreto, sino el mecanismo utilizado para implementarlos.

La sentencia no fue adoptada por unanimidad. Los magistrados Alba Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega y Amaury Reyes Torres emitieron votos salvados, mientras que la magistrada Army Ferreira presentó un voto disidente. Algunos de los jueces consideraron que los efectos de la inconstitucionalidad debieron aplicarse de manera inmediata.

Con esta decisión, el Congreso Nacional asume la responsabilidad de establecer mediante ley la regulación de los rangos, requisitos, plazos de ascenso y aspectos vinculados a la carrera de alistados y suboficiales de las Fuerzas Armadas.