Contratistas piden al Gobierno pagar de inmediato deudas respaldadas por sentencias definitivas

Representantes de contratistas y proveedores del Estado solicitaron al presidente Luis Abinader y a las autoridades financieras agilizar el pago de obligaciones que cuentan con sentencias judiciales definitivas, tras la promulgación de la Ley 16-26, destinada a regularizar y saldar deudas acumuladas con acreedores del sector público.

Los juristas Luis Ricardo y Erick Morrobel señalaron que la nueva legislación constituye un avance para atender compromisos administrativos pendientes de gestiones anteriores, pero advirtieron que persiste una mora respecto a deudas reconocidas mediante decisiones judiciales firmes.

Según expusieron, someter estos casos a nuevos procesos de revisión y auditoría por parte de la Comisión Especial del Ministerio de Hacienda podría entrar en conflicto con el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución.

Los abogados sostuvieron que las obligaciones validadas por los tribunales no requieren mecanismos adicionales de verificación, sino la asignación de los recursos necesarios para su cumplimiento.

Asimismo, denunciaron las dificultades que enfrentan numerosos contratistas debido a exigencias tributarias que, afirman, agravan su situación financiera. Explicaron que muchos acreedores necesitan certificaciones fiscales actualizadas para poder cobrar, pero la falta de liquidez provocada por los retrasos en los pagos estatales les impide cumplir con esos requisitos.

Ante esta situación, solicitaron al Poder Ejecutivo evaluar alternativas como la compensación de deudas tributarias o la adopción de medidas especiales que permitan a los acreedores regularizar su situación fiscal.

Como parte de una propuesta de solución, Ricardo y Morrobel plantearon la creación de una mesa de trabajo integrada por congresistas, ministros y representantes de los afectados, con el objetivo de abordar de forma administrativa aspectos relacionados con la devaluación monetaria y las compensaciones derivadas de los retrasos en los pagos.

A su juicio, un acuerdo de esta naturaleza contribuiría a reducir la cantidad de procesos que actualmente llegan al Tribunal Superior Administrativo y evitaría litigios prolongados para las instituciones públicas involucradas.

Los representantes legales afirmaron que detrás de los montos pendientes existen familias afectadas por las consecuencias económicas del impago y reiteraron su disposición a dialogar con las autoridades para definir una solución que permita cumplir las obligaciones pendientes y fortalecer la confianza en la contratación pública.