Ministerio Público solicita prisión preventiva contra acusados de estafa superior a RD$200 millones

El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva y que sea declarado complejo el proceso judicial contra seis presuntos integrantes de una red acusada de estafar a una entidad financiera con más de RD$200 millones.

La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contra Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.

Según las autoridades, los acusados formaban parte de una estructura dedicada a captar personas para obtener fondos de manera fraudulenta y perjudicar a la entidad financiera afectada.

La titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Lewina Tavárez Gil, indicó que a los imputados se les atribuyen cargos de estafa agravada, estafa simple, violación a la Ley de Lavado de Activos y robo asalariado.

La magistrada afirmó que el monto de la presunta estafa supera los RD$200 millones y explicó que las investigaciones continúan tras el arresto de otras dos personas vinculadas al caso, incluida una que se entregó voluntariamente ante la Policía Nacional.

Los seis primeros detenidos fueron arrestados durante operativos realizados en el Gran Santo Domingo por miembros de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética.

Durante la operación fueron ejecutados nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

Las autoridades ocuparon tres vehículos de lujo, más de 25 relojes de marcas Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentos, prendas de alto valor, RD$408,186 en efectivo, más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.

El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para este viernes 15 de mayo de 2026 el conocimiento de la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.