Tribunal Constitucional ordena crear ley que penalice la usura

El Tribunal Constitucional ordenó al Congreso Nacional establecer un nuevo marco legal que sancione penalmente la usura, tras declarar inconstitucional la derogación de las disposiciones que castigaban esa práctica en el país.

La decisión está contenida en la sentencia TC/0235/26, aprobada por mayoría de los magistrados encabezados por el presidente del alto tribunal, Napoleón R. Estévez Lavandier.

En el fallo, el tribunal sostuvo que el Estado dominicano no puede permitir que el delito de usura permanezca sin sanción penal y exhortó al Congreso a legislar conforme al ordenamiento monetario y financiero vigente.

La alta corte consideró que la eliminación de las normas que penalizaban la usura contradice la Constitución y compromisos internacionales asumidos por República Dominicana en materia de derechos humanos.

La sentencia tuvo votos salvados de los magistrados Domingo Gil, Amaury A. Reyes Torres y José Alejandro Ayuso, quienes coincidieron con la decisión, aunque no con todos sus fundamentos jurídicos. La magistrada Alba Luisa Beard Marcos emitió un voto disidente.

La acción directa de inconstitucionalidad fue presentada por el abogado Hermes Guerrero Báez contra el numeral 1 del artículo 91 de la Ley 183-02 Monetaria y Financiera, disposición que derogó la Orden Ejecutiva 312 de 1919, la cual tipificaba el delito de usura.

El accionante alegó que esa derogación dejó al Estado sin mecanismos legales para sancionar el cobro de intereses abusivos, afectando derechos protegidos por la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Aunque la Procuraduría General de la República solicitó declarar inadmisible el recurso, el tribunal rechazó ese planteamiento y validó la acción.

El TC explicó que, tras la reforma constitucional de 2010, los tratados internacionales sobre derechos humanos pasaron a formar parte del bloque de constitucionalidad con jerarquía constitucional.

En ese contexto, el tribunal citó el artículo 21 de la Convención Americana, que establece la prohibición de la usura y de cualquier forma de explotación del ser humano.

La sentencia concluyó que, aunque la derogación realizada en 2002 fue válida en su momento, se convirtió en una inconstitucionalidad sobrevenida con la entrada en vigencia de la Constitución de 2010.