Ministerio Público sostiene que acusación por corrupción en caso Intrant está probada y pide apertura a juicio

La procuradora de corte Mirna Ortiz afirmó este viernes que el Ministerio Público demostró la acusación por presunta corrupción administrativa contra Hugo Beras, José Ángel (Jochi) Gómez Canaán y otros imputados, al tiempo que solicitó al tribunal dictar auto de apertura a juicio.

Al concluir la audiencia preliminar en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que las pruebas presentadas respaldan cada uno de los cargos formulados. Indicó que las defensas intentaron desviar la atención del proceso con afirmaciones que, según dijo, no fueron sustentadas.

La representante del órgano acusador señaló que ninguna de las defensas abordó los mensajes de WhatsApp que, de acuerdo con la investigación, evidencian que la licitación habría sido adjudicada a Gómez Canaán antes de su ejecución formal. A su juicio, estos elementos forman parte de un esquema de defraudación al Estado para favorecer a un proveedor con el que existían vínculos previos.

El Ministerio Público reiteró ante el tribunal la solicitud de apertura a juicio contra todos los acusados. La jueza Yanibet Rivas se reservó el fallo para el 5 de mayo a las 9:00 de la mañana.

En el proceso figuran como imputados Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); José Ángel Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, y Carlos José Peguero Vargas, entre otros.

También están incluidos Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso, así como varias personas jurídicas: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.

Según la acusación, la investigación identificó diversas líneas delictivas que incluyen corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

El órgano acusador indicó que, mediante contratos y convenios irregulares, se otorgó acceso privilegiado a empresas utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones ilícitas, vulnerando principios de transparencia y legalidad administrativa. Asimismo, señaló que Gómez Canaán habría tenido un rol central en la estructura investigada, con vínculos societarios y operativos con varias de las compañías involucradas.