OCDE señala debilidades en integridad pública y brecha entre normas y aplicación en República Dominicana

La República Dominicana presenta un desempeño desigual en materia de integridad pública, con brechas marcadas entre el desarrollo normativo y su aplicación práctica, según el informe Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El estudio identifica debilidades en áreas como la integridad de la fiscalía, el financiamiento político, el sistema disciplinario de los servidores públicos y la ausencia de marcos regulatorios en ámbitos como el cabildeo y la estrategia nacional de integridad.

Uno de los principales hallazgos es la distancia entre las leyes y su ejecución. En financiamiento político, el país alcanza un 90 % en criterios normativos, pero solo un 14 % en cumplimiento práctico, muy por debajo del promedio de la OCDE, que se sitúa en 58 %. El informe indica que no todos los partidos han presentado sus cuentas anuales en los últimos cinco años y que la información financiera electoral no se publica.

También señala que la Junta Central Electoral no divulga datos sobre investigaciones ni sanciones vinculadas al financiamiento político y carece de auditores certificados.

En la integridad de la fiscalía, el país registra un 21 % de cumplimiento normativo y apenas un 5 % en la práctica, frente a promedios de la OCDE de 66 % y 52 %, respectivamente. El informe advierte que, aunque existen requisitos de ingreso a la carrera fiscal, no hay procedimientos basados en méritos para ascensos.

El sistema disciplinario de los funcionarios públicos presenta un 42 % en normas, pero un 0 % en implementación. Según el análisis, no existen directrices publicadas, ni capacitación especializada, ni sistemas electrónicos de gestión de casos, y la legislación vigente no contempla garantías procesales básicas.

Las calificaciones más bajas corresponden al cabildeo y al marco estratégico de integridad, ambos con 0 % en desarrollo normativo y aplicación. El país carece de regulación sobre estas actividades, no establece períodos de enfriamiento para funcionarios y no dispone de registros públicos sobre beneficiarios finales de sociedades.

El informe atribuye estas debilidades a la falta de ejecución efectiva y de sanciones, pese a la existencia de marcos legales en algunas áreas .

En contraste, el acceso a la información pública figura entre los puntos más sólidos, con un 67 % en criterios normativos y un 58 % en cumplimiento práctico, cercano al promedio de la OCDE. No obstante, persisten limitaciones como la falta de publicación de agendas oficiales y la ausencia de facultades sancionadoras del órgano supervisor.

En integridad judicial, el país alcanza un 59 % en normas y un 40 % en aplicación. Aunque estos niveles están por debajo del promedio de la OCDE, el informe reconoce avances institucionales, al tiempo que señala la falta de mecanismos de denuncia interna y de criterios de mérito en nombramientos a altas cortes.

En el ámbito de conflictos de intereses, la República Dominicana presenta un 78 % en desarrollo normativo, similar al promedio internacional, pero solo un 22 % en cumplimiento práctico. El informe indica que existen disposiciones legales, pero sin mecanismos efectivos para su aplicación ni verificación suficiente de las declaraciones patrimoniales.

La OCDE señala que el país trabaja en la elaboración de su primera estrategia nacional de integridad, prevista para desarrollarse entre 2025 y 2026, como parte de iniciativas conjuntas para fortalecer el sistema anticorrupción.