La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) enfrenta un vacío legal que limita parte de su capacidad operativa, debido a que la Ley de Defensa de la Competencia prohíbe prácticas anticompetitivas, pero no establece sanciones directas, lo que obliga a recurrir a la justicia penal para aplicar castigos.

La situación fue señalada por la presidenta de la entidad, María Elena Vásquez, durante el Encuentro Industrial organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), donde explicó que esta limitación dificulta la aplicación de medidas inmediatas en el mercado.

Vásquez indicó que una propuesta de reforma a la Ley 42-08 busca corregir estas debilidades, estableciendo con mayor claridad los mecanismos de sanción y fortaleciendo la lucha contra conductas anticompetitivas.

“En temas de competencia desleal, tenemos actores en el mercado que, tan pronto las instituciones inician un proceso sancionatorio, desaparecen el vehículo societario para que la conducta quede sin sanción”, señaló.

Según explicó, la propuesta plantea que las personas físicas puedan ser sancionadas por prácticas anticompetitivas, independientemente de las estructuras societarias utilizadas.

La funcionaria también destacó la importancia de contar con un observatorio de condiciones de competencia, herramienta utilizada en otros países para monitorear el comportamiento de los mercados.

De acuerdo con Vásquez, este mecanismo permite analizar las dinámicas de competencia sin identificar marcas específicas, facilitando el acceso a información sobre cómo operan los mercados y promoviendo mayor transparencia.