La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal ante la institución por supuesta competencia desleal relacionada con las marcas blancas en supermercados.

La funcionaria explicó que, aunque estos productos están registrados y forman parte de una dinámica que puede favorecer la competencia en el mercado, deben cumplir con el marco legal y regulatorio vigente.

“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado y puedan competir en igualdad de condiciones”, señaló.

Vásquez indicó que la entidad mantiene el monitoreo de los distintos mercados de bienes y servicios a través del Observatorio de Condiciones de Competencia. Además, adelantó que se realizará un estudio para analizar las condiciones de competencia en el comercio minorista.

La investigación incluirá un perfil de las marcas blancas en el país, su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, así como la identificación de posibles necesidades de ajustes regulatorios o de políticas públicas que contribuyan a fortalecer la competencia en el sector.

Anteproyecto de ley

La presidenta de Pro-Competencia también destacó la presentación de un anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias, con el objetivo de modificar la legislación vigente en materia de defensa de la competencia.

La propuesta busca reforzar la seguridad jurídica y la previsibilidad para la libre empresa, además de incorporar un régimen de control de concentraciones económicas, facultad que actualmente no contempla la normativa dominicana.

“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia y una autoridad de competencia, pero que no cuenta con control previo de concentraciones”, afirmó.

El anteproyecto también contempla otorgar a Pro-Competencia mayores facultades para sancionar prácticas de competencia desleal y fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar procesos adecuados y tutela judicial efectiva.

Asimismo, plantea el aumento de las multas y la incorporación de nuevas herramientas para reforzar la efectividad de la autoridad de competencia y promover mercados más abiertos y competitivos.

La iniciativa establece que los actos de competencia desleal con impacto en el interés público se consideren infracciones graves, con multas que podrían alcanzar hasta el cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, duplicándose en caso de reincidencia.

El proyecto también propone mecanismos de colaboración interinstitucional y obligaciones de suministro de información, con sanciones para los casos de omisión, retraso injustificado o negativa de entrega por parte de funcionarios o entidades involucradas.