El dirigente sindical y abogado Mario Díaz, junto a diversas organizaciones cívicas y sociales, depositó este lunes ante el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucionalidad preventiva contra el proyecto de ley aprobado en primera lectura por el Senado que propone derogar los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral.

La instancia solicita al alto tribunal emitir una sentencia interpretativa y preventiva sobre la iniciativa legislativa, al considerar que su contenido afectaría la figura de las candidaturas independientes en el sistema electoral dominicano.

La acción fue presentada por José Nicasio Díaz Guzmán (Mario Díaz), quien se identifica como precandidato presidencial independiente, y por Fredermido Ferreras Díaz, aspirante independiente al Senado por la provincia Santo Domingo. Ambos estuvieron acompañados por los abogados Ricardo E. Díaz Guzmán y Francisco López.

Según los accionantes, el proyecto legislativo sometido por el senador Rogelio Genao busca eliminar del sistema electoral la posibilidad de candidaturas independientes, lo que, a su juicio, contraviene la Constitución y el precedente establecido en la sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional.

De acuerdo con la instancia, esa decisión judicial estableció que los artículos 156 y 157 de la Ley Electoral debían ser reinterpretados conforme a la Constitución, reconociendo la posibilidad de postular candidaturas independientes en los niveles presidencial, congresual y municipal a través de agrupaciones cívicas o sociales.

Los firmantes sostienen que la propuesta aprobada en primera lectura por el Senado, en lugar de adecuar la normativa a ese precedente, plantea eliminar las disposiciones que reconocen este tipo de candidaturas.

Por ello, solicitan al Tribunal Constitucional ejercer su facultad para emitir una sentencia interpretativa preventiva, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, con el fin de evitar una posible vulneración a la supremacía constitucional y a los derechos fundamentales de participación política.

La acción también fue remitida al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, a la Junta Central Electoral y a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

Entre las organizaciones que respaldan la iniciativa figuran Organizaciones Cívicas y Sociales de Personas Progresistas (ORCISOPRO), Organizaciones Populares Cívicas y Sociales del Municipio Santo Domingo Oeste (ORPOCISOCONSC), el Observatorio Jurídico de Persecución a la Corrupción Administrativa (OBJUPERCA), el Foro Nacional de los Derechos Humanos, el Movimiento Nacional Reeleccionista La Expansión, la Asociación de Sanos Consumidores de la Provincia de Santo Domingo (ASACONSANDOM) y la Federación de Mujeres Envejecientes de San Isidro.

Mario Díaz señaló que la acción busca defender el orden constitucional y el respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional, así como la participación política de ciudadanos fuera de las estructuras tradicionales de los partidos.

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