La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) informó que en los últimos tres años se han obtenido 43 sentencias condenatorias a nivel nacional contra integrantes de redes dedicadas a estas actividades delictivas.

La titular de la PETT, la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, expuso estos resultados durante la continuación del Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal: “Ciencia e Innovación contra el Crimen: Retos Contemporáneos de la Investigación Criminal”, celebrado como parte del Plan de Modernización y Tecnificación de la Policía Nacional.

Bejarán señaló que las decisiones emitidas por distintos tribunales del país reflejan el resultado del trabajo coordinado entre instituciones encargadas de la persecución penal.

Según indicó, el combate efectivo de estas estructuras requiere investigación articulada, intercambio de información y cooperación entre organismos nacionales e internacionales.

Durante su intervención, también advirtió sobre la necesidad de adaptar las metodologías de investigación ante las nuevas modalidades delictivas vinculadas al cibercrimen.

En ese sentido, afirmó que las instituciones encargadas de perseguir estos delitos deben actualizar sus herramientas y enfoques para identificar a quienes operan detrás de estas redes.

La procuradora sostuvo que las estructuras criminales vinculadas a delitos cibernéticos utilizan criptomonedas para el lavado de activos y para facilitar el movimiento de recursos.

Bejarán destacó además cambios recientes en el marco legal contra la trata de personas. Indicó que entre 2024 y 2025 se introdujeron modificaciones a la legislación, entre ellas la declaración de la imprescriptibilidad del delito, el aumento de las penas y la diferenciación entre autor y cómplice.

El simposio donde se presentaron estos datos reúne a especialistas nacionales e internacionales para analizar distintos aspectos de la investigación criminal, incluyendo el uso de inteligencia artificial, la innovación tecnológica y la gestión de datos aplicados a la seguridad pública.

La actividad, que concluye el 6 de marzo, aborda temas relacionados con la persecución penal, los fenómenos delictivos en la región, la integridad en los procesos investigativos y los modelos de investigación criminal en la lucha contra el crimen organizado.