Santo Domingo. – La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, enfatizó la necesidad de fortalecer el sistema judicial dominicano y regional para garantizar mayor protección a las víctimas de crímenes, durante su intervención en la Conferencia Internacional de Justicia Abierta.

Reynoso señaló que gran parte de la doctrina jurídica en América Latina y el Caribe se ha concentrado en los derechos de los imputados, dejando en un segundo plano a las víctimas. “La justicia dominicana se fortalece cuando considera el debido proceso para todos los involucrados”, subrayó.

Una deuda pendiente con las víctimas

La procuradora calificó como una “deuda histórica” la falta de reparación efectiva en la región, explicando que la ausencia de mecanismos claros les niega un derecho fundamental. “Si bien los imputados tienen garantizado el debido proceso, las víctimas también deben ser protegidas en su rol dentro del proceso judicial”, afirmó.

En este contexto, detalló que su gestión en la Procuraduría General se ha enfocado en diseñar un servicio accesible y cercano a la ciudadanía, basado en un mapa de criminalidad y en las dificultades actuales de acceso a la justicia.

“En función de esta realidad fue que diseñamos, y el Consejo Superior del Ministerio Público ya aprobó, 24 fiscalías comunitarias”, informó Reynoso, al explicar que estarán ubicadas en zonas donde los indicadores muestren mayor necesidad.

Justicia accesible y cercana

La procuradora insistió en que la justicia debe ser accesible para todos los sectores de la población: “Buscamos un modelo en el que la gente pueda llegar incluso caminando a pie, en chancletas, hasta una fiscalía comunitaria”.

El panel contó también con la participación de Juan Carlos Astúa Jaime, director para Costa Rica del National Center for State Courts, y Gerardo Andrés Hernández Montes, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, en un diálogo moderado por Berenice Barinas, directora ejecutiva de Ética e Integridad Gubernamental.