Santo Domingo. – El abogado penalista Félix Portes presentó este miércoles un recurso de apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en representación de más de veinte familias afectadas por el colapso del techo del centro de entretenimiento Jet Set, tragedia que dejó un saldo devastador de 236 muertos y más de 180 heridos.

Impugnación de la decisión del Décimo Juzgado
El recurso busca revocar la resolución del Décimo Juzgado de la Instrucción, que impuso medidas de coerción no privativas de libertad contra los imputados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Veras. Las medidas actuales consisten en:
-Garantía económica de RD$50 millones por cada imputado.
-Impedimento de salida del país.
-Presentación periódica ante las autoridades.

Portes cuestiona la legalidad y proporcionalidad de estas medidas, argumentando que resultan insuficientes frente a la magnitud del caso y los riesgos procesales existentes.

Cuestionamientos al proceso y solicitud de prisión preventiva
El abogado sostiene que la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez debió haberse inhibido del proceso por presuntos conflictos de interés. Además, la apelación denuncia una valoración parcial de las pruebas presentadas, incluyendo la omisión de testimonios claves que advertían sobre el deterioro estructural del establecimiento antes del colapso.

En ese sentido, la defensa de las víctimas solicita que se imponga prisión preventiva, alegando:
-Riesgo de fuga, dado el poder económico de los acusados.
-Posibilidad de obstrucción del proceso judicial.
-Naturaleza compleja del caso, que involucra múltiples víctimas y responsabilidades compartidas.

El caso fue declarado complejo
El tribunal declaró el caso como proceso complejo, autorizando la aplicación de procedimientos especiales. En este contexto, se otorgó un plazo de siete días a los imputados para el pago de la garantía económica, con la advertencia de que, en caso de incumplimiento, serían trasladados a centros penitenciarios.

El Ministerio Público dispone de doce meses para presentar su acto conclusivo.

En búsqueda de justicia
Las familias de las víctimas continúan exigiendo justicia, señalando que no se trata solo de una tragedia accidental, sino de un caso de negligencia estructural y responsabilidad penal, en el que debe prevalecer la verdad judicial y la reparación del daño causado a cientos de vidas dominicanas.