Cinco imputados del caso SeNaSa buscan acuerdo con el Ministerio Público

Cinco de los diez imputados en el caso de presunta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) iniciaron acercamientos con el Ministerio Público para acogerse a un acuerdo de procedimiento penal abreviado, admitiendo su culpabilidad, según una fuente vinculada a la investigación.

De acuerdo con la fuente, la solidez de las pruebas recopiladas durante el proceso ha incrementado la presión sobre los acusados, lo que ha motivado a varios de ellos, incluidos algunos que cumplen prisión preventiva, a negociar su situación procesal.

La misma fuente indicó que otros imputados también estarían dispuestos a acogerse a un acuerdo con el órgano persecutor.

Estas negociaciones se producen mientras el Ministerio Público prepara una nueva etapa de la investigación, denominada "SeNaSa 2.0".

Además, para el próximo 30 de julio está prevista la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los imputados que permanecen en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras. La audiencia será conocida por el juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

El Ministerio Público sostiene que la presunta estructura habría defraudado al Estado dominicano con más de 15,000 millones de pesos, monto que, según investigaciones posteriores, supera los 19,000 millones. De acuerdo con la acusación, las operaciones se habrían desarrollado entre 2020 y 2025.

Entre los principales imputados figuran el exdirector ejecutivo del SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim Albainy; Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; y Francisco Iván Minaya Pérez, además de otros exfuncionarios y suplidores de la ARS estatal.

También están acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes previamente admitieron ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y a otros funcionarios del SeNaSa. Esa colaboración les permitió obtener arresto domiciliario en sustitución de la prisión preventiva.

A los imputados se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por la procuradora de corte Mirna Ortiz, ha informado que las investigaciones continúan y que abarcan a otros actores presuntamente vinculados al caso.