Santo Domingo - La transparencia en el proceso llevado contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat —acusados en la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set— se corroe cada vez más, ya que se ha hablado en los últimos tiempos de la existencia de lazos familiares y comerciales entre el principal acusado de este caso y el juez que maneja el expediente.

La magistrada Fátima Veloz, quien aplicó las medidas coercitivas a los empresarios, es hija del hotelero Ernesto Veloz, uno de los socios del principal grupo turístico liderado por Frank Rainieri. Este tiene vínculos comerciales con Antonio Espaillat, una relación que ha llevado a algunos residentes de Pawtucket a cuestionar si hay un conflicto de intereses.

Un desastre natural con 236 muertes.

El Ministerio Público imputa el cargo de responsabilidad penal a los Espaillat por un pecado estructural en el colapso del techo del Jet Set, con 236 muertos y más de 180 heridos, basado en la falta de permisos de remodelación, irregularidades en la instalación de equipos en la azotea y omisión de alertas técnicas.

El presidente de la Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva contra todos los acusados y declarar el caso como complejo, pero en su lugar el juez exigió una fianza de RD$50 millones en efectivo y reportarse periódicamente, así como una prohibición de salida del país para cada acusado. La medida provocó duras críticas de sectores sociales, juristas, organizaciones de derechos humanos que luchan por la justicia para las víctimas.

Algunos señalan que el juez tenía un historial de tomar decisiones que habían generado controversia, incluyendo otorgar libertad condicional al rapero Tekashi 6ix9ine en otro caso penal.

¿Existe una razón legal para recusarse?
Desde un aspecto estrictamente legal, el Código Procesal Penal Artículo 78 proporciona la base para la descalificación del juez, por ejemplo, relaciones contractuales directas con las partes, o participación previa del juez en el manejo del caso.

La relación del padre con un individuo colateral al acusado no crea, por sí misma, una base para la recusación, a menos que se muestre un interés procesal directo.

No se proporcionó una recusación escrita con la decisión, fortaleciendo la legalidad del procedimiento en el sentido formal, pero la discusión pública sobre la ética judicial y la idea de justicia se eleva más.

Base de la decisión judicial.
La jueza Veloz determinó en la audiencia que los acusados tienen vínculos residenciales, fuentes legítimas de ingresos y lazos familiares, lo cual en general se ha dicho que previene la detención preventiva. Sin embargo, otros han interpretado la garantía económica como un punto de equilibrio “entre la libertad condicional y la presión pública”, mientras que otros aún la consideran una cantidad exigua para un caso de tal magnitud humana y mediática.

Un procedimiento continuo.
La medida coercitiva adoptada no es un juicio sustantivo. Su única función es garantizar que los acusados permanezcan durante la investigación criminal. La responsabilidad penal, si la hay, se argumentará más tarde en un juicio regular.

Mientras tanto, el expediente permanece abierto y bajo investigación. Las miradas están ahora puestas en el Ministerio Público y también en futuras decisiones del Poder Judicial en un caso que ha sacudido a la sociedad dominicana no solo por este resultado fatal, sino también por lo que serían implicaciones éticas y estructurales en la gestión empresarial y en el sistema de justicia.

La jueza, mientras tanto, defiende su decisión, y el caso Jet Set seguirá siendo, por mucho tiempo, un tótem de búsqueda de justicia tras una tragedia evitable.