Para las autoridades y los individuos por igual, la frontera entre la libertad de expresión y el propio honor personal legítimo al escribir y publicar en las redes sociales sin duda sigue siendo un gran desafío.

Después de un mes desde que la República Dominicana comenzó a adaptar su codificación a la huella social, política y legal de las plataformas digitales, Brasil ha respondido tomando medidas para actualizar su legislación.

Dado el uso extensivo de las redes sociales y los motores de búsqueda como canales para propagar puntos de vista, noticias y propaganda política, así como para atacar la vida privada de las personas, algunos países latinoamericanos comenzaron a sugerir una revisión de su marco legal.

La disputa se reabrió en la República Dominicana el 2 de mayo cuando el presidente Luis Abinader presentó al Senado el proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Comunicación Audiovisual, que está diseñado para regular los medios digitales y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales en el entorno de la comunicación.

Un mes antes, el 4 de junio, la Corte Suprema de Brasil revivió un caso crucial sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la circulación de contenido ilegal.

El proceso está abriendo nuevos caminos en la región y representa un intento de establecer algunos límites sobre el alcance en que estas herramientas se utilizan para difundir noticias falsas y discursos de odio.