PLD pide reflexión nacional sobre el uso de la justicia tras fallo a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) planteó este lunes la necesidad de abrir una reflexión nacional sobre las garantías que deben impedir el uso político de la justicia, tras la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de dictar auto de no ha lugar a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.

La organización sostuvo que ninguna persona, servidor público o partido político debería ser sometido a procesos judiciales prolongados sustentados en intereses coyunturales en lugar de pruebas concluyentes.

Durante la rueda de prensa semanal de la organización, el secretario general del PLD, Johnny Pujols, afirmó que la decisión judicial ratifica lo que el partido había sostenido durante años respecto a que las acusaciones formuladas contra ambos exfuncionarios carecían de fundamentos suficientes para justificar un juicio de fondo.

Pujols señaló que el fallo constituye también una reivindicación para quienes, según expresó, enfrentaron restricciones migratorias, prisión preventiva, afectaciones económicas, problemas de salud y consecuencias personales y familiares durante el proceso.

“Ninguna decisión judicial puede devolver completamente el tiempo perdido, el daño reputacional sufrido o las consecuencias emocionales que estos procesos produjeron en ellos y en sus seres queridos”, manifestó.

El dirigente agregó que la reflexión debe extenderse a otros miembros de la organización que han sido descargados por los tribunales tras años de procesos judiciales y medidas restrictivas. En ese sentido, sostuvo que la justicia no solo debe sancionar cuando corresponda, sino también proteger los derechos de quienes resultan inocentes.

El PLD consideró que las recientes decisiones judiciales reabren el debate sobre los riesgos que representa para la democracia la utilización política de los mecanismos de justicia. Según la organización, corresponde exclusivamente a los tribunales determinar responsabilidades penales sobre la base de pruebas válidas y suficientes.

La entidad reiteró que la presunción de inocencia constituye una garantía constitucional que debe aplicarse a todos los ciudadanos sin distinción de posición política o condición social.

Asimismo, cuestionó que acusaciones sean presentadas públicamente como verdades definitivas antes de ser sometidas al escrutinio judicial y sostuvo que los procesos deben desarrollarse con pleno respeto al debido proceso y al derecho de defensa.

Como parte de su planteamiento, el partido propuso que la sociedad dominicana asuma el compromiso de evitar que la justicia sea utilizada como instrumento de competencia política, que las conferencias de prensa sustituyan las decisiones de los tribunales o que la filtración selectiva de expedientes se convierta en un mecanismo de condena anticipada.

También expresó su rechazo al uso de la prisión preventiva como castigo previo a una sentencia, a la prolongación innecesaria de los procesos judiciales y a cualquier práctica que vulnere la presunción de inocencia, el debido proceso o las garantías fundamentales de los ciudadanos.