Santo Domingo. – El proceso judicial por el colapso de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, plantea un desafío sin precedentes para el sistema judicial dominicano. Más allá de su dimensión humana y social, el caso enfrenta a los jueces a una compleja encrucijada técnica y jurídica, al requerir valoraciones propias de la ingeniería estructural para determinar posibles responsabilidades penales.

La acusación formulada por el Ministerio Público contra los propietarios del establecimiento, Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Veras, los señala por homicidio involuntario, alegando que ignoraron advertencias reiteradas sobre el deterioro del techo del inmueble. La tesis fiscal se basa en testimonios de empleados y contratistas que alertaron sobre filtraciones, grietas y otros signos visibles de deterioro.

Un informe técnico que cambia el enfoque
Sin embargo, el curso del proceso podría verse modificado por los hallazgos contenidos en un informe técnico independiente, elaborado por peritos en estructuras y patologías constructivas. El documento concluye que la causa del colapso no fue la falta de mantenimiento, sino un fallo estructural de origen, específicamente una fatiga progresiva de anclajes metálicos, instalada desde la construcción original del edificio hace varias décadas.

Según los expertos, el colapso se produjo por un proceso lento e invisible de debilitamiento interno, difícilmente perceptible sin estudios estructurales avanzados. El informe sugiere que ni reparaciones superficiales ni mantenimientos ordinarios habrían evitado el desastre, ya que el problema estaba oculto bajo la superficie.

El reto probatorio para los jueces
Este contexto coloca al tribunal ante un dilema técnico-jurídico: ¿puede imputarse penalmente una omisión por no realizar un estudio estructural especializado, en ausencia de una obligación legal expresa? ¿Es atribuible una negligencia grave cuando el riesgo no era evidente ni advertido formalmente?

Los testigos presentados por el Ministerio Público —empleados operativos y contratistas de áreas no técnicas— coinciden en reportar síntomas visuales, pero no ofrecen una conexión causal directa con el colapso. Por el contrario, el informe pericial sugiere que, incluso con reparaciones preventivas, la tragedia era inevitable sin un diagnóstico estructural profundo.

La presión de la opinión pública
A este panorama se suma la dimensión social del caso: el fallecimiento de figuras públicas y cientos de víctimas ha generado una ola de indignación nacional que, si bien comprensible, podría incidir en el curso emocional del juicio. Los jueces deberán abstraerse del clamor colectivo para basarse únicamente en la rigurosidad técnica de las pruebas presentadas.

Límites entre lo penal y lo civil
Diversos juristas advierten que este tipo de casos pone a prueba los límites entre la responsabilidad civil patrimonial y la responsabilidad penal. Mientras la primera permite sancionar omisiones por falta de previsión administrativa, la segunda requiere probar una imprudencia consciente y grave. Y en este caso, no existen informes técnicos previos que advirtieran a los propietarios del riesgo estructural.

Un juicio con repercusiones institucionales
El caso Jet Set podría marcar un precedente jurídico de alto valor, especialmente en materia de responsabilidad penal frente a fallas técnicas de difícil detección. Los jueces deberán interpretar hasta qué punto puede exigirse a un administrador no técnico la obligación de prever lo que solo un estudio especializado podría revelar.

Este proceso exigirá un balance fino entre justicia y técnica, sin ceder a presiones externas ni caer en la tentación de criminalizar el resultado trágico más allá de los elementos jurídicamente comprobables.