IAD niega explotación minera en Najayo Arriba y afirma que recupera terrenos del Estado

El Instituto Agrario Dominicano (IAD) aseguró este martes que el operativo desarrollado en Najayo Arriba no corresponde a actividades de explotación minera, sino a un proceso de recuperación de terrenos estatales como parte de las acciones de protección y defensa del patrimonio público.

La institución informó que la jornada es encabezada por la Dirección de Captación y Regularización Inmobiliaria del IAD, bajo la coordinación de Víctor Inoa, y cuenta con el apoyo de la fuerza pública en terrenos amparados por el certificado de título número 3000649147, correspondiente a la parcela 1 del Distrito Catastral 02, registrada a nombre del organismo.

Según explicó el IAD, estas intervenciones forman parte de un plan permanente de recuperación, protección y regularización de los terrenos bajo su administración, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y preservar los bienes del Estado.

La entidad indicó además que actualmente se ejecutan trabajos para habilitar nuevas vías de acceso hacia la referida parcela, precisando que dichas labores no implican afectaciones materiales para los residentes de la zona y se realizan respetando la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana.

El Instituto Agrario Dominicano reiteró que continuará desarrollando acciones orientadas a la protección de los terrenos estatales en coordinación con las instituciones competentes y conforme a los procedimientos establecidos por la ley, manteniendo el apego al debido proceso y al orden institucional.

La aclaración se produce luego de que residentes de Najayo Arriba realizaran una protesta en rechazo a una supuesta explotación minera en la comunidad. Los moradores denunciaron además el presunto secuestro de un comunitario y alegadas agresiones físicas durante incidentes vinculados al conflicto.

De acuerdo con las denuncias de los residentes, la tensión surgió cuando miembros de la comunidad intentaron devolver maquinarias que atribuyen a la empresa DocalSA, a la que señalan de pretender desarrollar actividades mineras en la zona pese al rechazo de los comunitarios.