Gobierno advierte cierre de bancas y negocios de apuestas que operen fuera de la ley

El Gobierno endurecerá las medidas de control sobre las bancas de apuestas y negocios de juegos de azar que operan al margen de la normativa vigente, advirtió este lunes el ministro de Hacienda, Magín Díaz, quien afirmó que los establecimientos irregulares deberán regularizar su situación o cesar sus operaciones.

Durante una entrevista en el programa El Día, el funcionario señaló que en los últimos años se produjo una expansión de bancas de apuestas y máquinas tragamonedas en distintos puntos del país sin cumplir con los requisitos legales establecidos.

“Hay que cumplir las reglas. Quienes no puedan regularizarse, entonces tendrán que cerrar”, manifestó.

Díaz explicó que el presidente Luis Abinader dispuso mediante decreto un proceso de reorganización del sector con el propósito de fortalecer la supervisión y establecer controles más rigurosos sobre las operaciones de apuestas.

Indicó que los trabajos son coordinados por el administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar, junto al Ministerio de Hacienda, la Dirección de Casinos y Juegos de Azar y una comisión de veeduría creada para dar seguimiento al proceso.

Según detalló, la comisión está integrada por representantes de distintos sectores, entre ellos el arzobispo de Santo Domingo, Federico Lalane José y miembros de instituciones relacionadas con el ámbito tributario y regulatorio.

El ministro aseguró que las acciones de fiscalización se aplicarán sin distinción de propietarios o vinculaciones políticas. “Nosotros no vemos quién es el dueño, si es político o no. Eso no importa. Vamos a hacer el trabajo correctamente”, afirmó.

Asimismo, reconoció que en años anteriores surgieron denuncias sobre irregularidades dentro del sistema de regulación de bancas y loterías, pero sostuvo que las autoridades actuales trabajan en un proceso de depuración y reorganización de la actividad.

Durante la entrevista también abordó temas relacionados con la deuda pública, los compromisos financieros del Estado y la situación fiscal del país, destacando que el Gobierno procura mantener la estabilidad macroeconómica mientras gestiona sus obligaciones financieras.