Fuerza del Pueblo respalda decisión de la JCE de restringir difusión de encuestas fuera del período electoral

La Fuerza del Pueblo expresó su respaldo a la decisión de la Junta Central Electoral de prohibir la publicación y difusión de encuestas electorales fuera de los períodos legales de precampaña y campaña, al considerar que la medida contribuye a proteger la transparencia del proceso democrático.

La posición fue fijada por Manuel Crespo, delegado político de la organización ante la JCE, quien recordó que el partido sometió en mayo de 2025 una solicitud para que el organismo electoral adoptara mecanismos de regulación sobre el uso de encuestas fuera de los plazos establecidos por la ley.

Crespo sostuvo que, aunque la decisión fue adoptada un año después de la propuesta presentada por la organización, constituye una medida relevante para el fortalecimiento del sistema democrático dominicano.

El dirigente político afirmó que el reglamento establece sanciones para las firmas, instituciones o personas que utilicen estudios de opinión fuera del período permitido con fines de influir en la percepción pública o incidir en las preferencias electorales.

Asimismo, indicó que la organización evalúa presentar observaciones al reglamento, al considerar que algunos aspectos no fueron incluidos en la normativa aprobada por el órgano electoral.

No obstante, señaló que la disposición responde a inquietudes compartidas por distintos sectores de la sociedad respecto a la difusión constante de encuestas en etapas no contempladas dentro del calendario electoral.

La Fuerza del Pueblo consideró que la regulación de estos estudios de opinión puede contribuir a garantizar condiciones más equitativas en los procesos políticos y evitar prácticas que, a su juicio, puedan afectar la libre formación de la voluntad del electorado.

La JCE informó recientemente que las encuestas y sondeos con fines electorales solo podrán difundirse dentro de los plazos establecidos para la precampaña y la campaña electoral. Además, advirtió que las firmas encuestadoras que incumplan la normativa podrían enfrentar sanciones, incluyendo la suspensión temporal o la cancelación de su registro.