Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público informó que depositará este sábado 14 de junio la solicitud de medida de coerción contra Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, implicados en el colapso del techo del establecimiento ocurrido el pasado 8 de abril, tragedia que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.

La audiencia se realizará en la Sala de Audiencias del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, ubicada en el tercer piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Detención tras interrogatorio
Ambos fueron arrestados el jueves luego de ser interrogados durante varias horas por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

El empresario fue trasladado en la noche a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, mientras que su hermana fue ingresada en un centro de salud tras presentar un cuadro de descompensación luego de su detención.

Acusación por homicidio involuntario y negligencia
Según el Ministerio Público, los hermanos Espaillat enfrentan cargos por homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal Dominicano. La acusación se basa en lo que las autoridades califican como una “inmensa irresponsabilidad y negligencia”, al no tomar medidas correctivas para evitar el colapso estructural del local nocturno.

“La estructura del Jet Set no estaba en condiciones de soportar la carga instalada en su techo, que incluía equipos pesados como compresores, bocinas e iluminación”, señala el informe técnico entregado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).

También se documentan presuntos intentos de intimidación a empleados clave de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., que manejaba la discoteca, y que podrían ser llamados como testigos en el proceso judicial.

Operación sin permisos legales
Durante las investigaciones, el Ministerio Público determinó que Jet Set operaba sin los permisos técnicos de funcionamiento exigidos por las instituciones reguladoras, entre ellas el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), el Ministerio de Medio Ambiente, y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED).

La única autorización registrada corresponde a un permiso de construcción emitido en 1970 para el antiguo cine El Portal, lo que pone en evidencia la falta de actualización documental y de adecuaciones estructurales para su operación como centro de entretenimiento.

Defensa alega falta de intención
El abogado de la defensa, Miguel Valerio, afirmó que no hubo intención criminal por parte de Espaillat y que el caso no debería tratarse como crimen organizado. Según indicó, “la medida más apropiada es la libertad, porque no hubo intención de provocar la tragedia”.

Sin embargo, las autoridades insisten en que el caso constituye homicidio por negligencia, dado que existían advertencias previas sobre el deterioro del techo, como lo confirmó Gregory Adames, empleado del local, quien habría advertido sobre los riesgos de realizar el evento del 8 de abril.

Víctimas y acciones legales
Entre las víctimas del colapso figuran personalidades como el merenguero Rubby Pérez, el exlanzador de Grandes Ligas Octavio Dotel, la empresaria Alexandra Grullón, y el comunicador Virgilio Cruz Aponte.

Hasta la fecha, se han interpuesto más de 80 acciones legales contra los propietarios del Jet Set, incluyendo querellas por homicidio involuntario, negligencia estructural y falta de cumplimiento con las normativas de seguridad.