Santo Domingo. – El empresario Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, se presentó este jueves a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) acompañado de su abogado Miguel Valerio, en el marco de las investigaciones por el derrumbe ocurrido el pasado 8 de abril, que dejó un saldo de 236 personas fallecidas y 180 lesionadas.

La comparecencia ocurre tras el testimonio de un empleado del establecimiento, quien aseguró haber advertido previamente a Espaillat sobre las condiciones estructurales del techo y la imposibilidad de realizar la fiesta que se llevó a cabo esa noche, amenizada por el merenguero Rubby Pérez, una de las víctimas mortales del incidente.

“Estamos requeridos por la Procuraduría y hemos venido”, declaró Valerio a su llegada al edificio del Ministerio Público.

Conversaciones extraídas y advertencias previas
Según confirmó el Ministerio Público, se extrajo información del teléfono móvil del empleado, donde figuran supuestas conversaciones con Espaillat, en las que se advertía del riesgo de colapso del techo. Estas pruebas forman parte del expediente preliminar que la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) entregó a la PGR.

Además, se han interpuesto al menos 68 acciones legales contra los propietarios de la discoteca, entre querellas y denuncias, algunas de las cuales también involucran al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), por presunta negligencia en materia de supervisión y cumplimiento de normativas de seguridad.

Las acusaciones incluyen cargos de homicidio involuntario y negligencia criminal, citando fallas estructurales y presunta colocación de equipos pesados sobre el techo, como factores agravantes en la tragedia.

“Yo estoy aquí y voy a dar el frente a todo. No me voy a esconder, y todo lo que esté a mi alcance lo voy a hacer”, declaró Espaillat en esa ocasión, al cumplirse 15 días del suceso.

La tragedia del Jet Set ha generado conmoción nacional y una creciente presión pública por respuestas judiciales y responsabilidades claras, en medio de un proceso que sigue revelando nuevos elementos sobre las condiciones del inmueble y el cumplimiento de las normativas vigentes.