Santo Domingo.– El informe técnico que detalla las causas del colapso del techo de la discoteca Jet Set fue entregado este jueves a la Procuraduría General de la República (PGR), según confirmaron fuentes oficiales vinculadas al proceso investigativo.

La investigación estuvo a cargo de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), la cual conformó una comisión especializada con tres peritos: dos dominicanos y un experto estadounidense en ingeniería estructural. El documento, de más de 50 páginas, fue remitido directamente a la oficina del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público.

El ingeniero Leonardo Reyes Madera, director de Onesvie y coordinador de la comisión designada por el gobierno para el análisis técnico, confirmó la entrega formal del informe, aunque se abstuvo de revelar detalles sobre su contenido. “No tengo más palabras que decir. No me corresponde a mí hablar del tema”, declaró Reyes Madera al ser consultado por Párrafo Digital.

Reyes subrayó que la labor de Onesvie se limitó a levantar y analizar las evidencias estructurales, y que ahora corresponde a la Procuraduría valorar el informe y tomar las acciones correspondientes.

Investigación en manos del Ministerio Público
Desde el colapso ocurrido el pasado 14 de abril, el Ministerio Público asumió la investigación del siniestro que dejó daños considerables en la icónica discoteca ubicada en la avenida Independencia. Como parte de ese proceso, el 7 de mayo la PGR procedió a la incautación del inmueble, colocándole un letrero con la palabra “INCAUTADO” en letras mayúsculas visibles en su fachada.

Aunque hasta el momento no se han revelado los hallazgos del informe técnico, se espera que la Procuraduría determine si existió negligencia, violación al Código de Construcción o algún tipo de responsabilidad penal asociada al desplome.

El informe de Onesvie representa una pieza clave dentro del expediente investigativo, cuyo desenlace podría implicar consecuencias legales para los propietarios o responsables de la infraestructura.

Hasta el momento, la Procuraduría no ha ofrecido una fecha oficial para la divulgación pública de los resultados ni ha adelantado si se presentarán cargos.