CAMIPE advierte impacto institucional tras freno a proyecto Romero

La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana expresó preocupación por las implicaciones institucionales, económicas y de confianza inversionista derivadas de la paralización del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) del proyecto Romero, en la provincia San Juan.

La entidad sostuvo que la suspensión de un estudio previamente autorizado impide realizar el análisis técnico destinado a determinar las condiciones ambientales bajo las cuales podría desarrollarse la actividad minera.

CAMIPE indicó que el sector minero registró un crecimiento de 7.7 % durante el primer trimestre de 2026, consolidándose como uno de los principales generadores de inversión, empleo y encadenamientos productivos en el país.

La organización consideró que cualquier decisión relacionada con proyectos de alto impacto debe basarse en criterios técnicos, evaluaciones ambientales, obligaciones legales y respeto al debido proceso, además de mantener coherencia con el Plan META 2036.

La entidad también planteó la necesidad de aprobar una nueva legislación minera que establezca reglas claras, seguridad jurídica, estándares ambientales, transparencia y mecanismos de participación social.

Según CAMIPE, el debate sobre la minería no debe centrarse en una confrontación entre desarrollo económico y protección ambiental, sino en la construcción de un modelo de minería sostenible sustentado en evidencia técnica, supervisión rigurosa y diálogo con las comunidades.

La organización valoró la apertura al diálogo anunciada por el presidente Luis Abinader y puso a disposición su experiencia técnica para participar en un proceso que involucre comunidades, autoridades, especialistas ambientales, academia y sectores productivos.

“República Dominicana no debe escoger entre desarrollo y protección ambiental. Debe seguir construyendo una minería responsable, técnicamente evaluada, ambientalmente regulada y socialmente dialogada”, expresó CAMIPE en su declaración.