Mariotti califica de ilegal reducción del financiamiento a partidos y advierte riesgo para la democracia

El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, calificó como “ilegal e inconstitucional” la propuesta del Gobierno de reducir en un 50 % el financiamiento a los partidos políticos, al considerar que la medida representa una herramienta de control político en medio del proceso preelectoral.

El dirigente sostuvo que, aunque la iniciativa pueda resultar popular ante la opinión pública, se estaría utilizando el contexto económico internacional como una “cortina de humo” para modificar las reglas del sistema democrático en un momento clave de movilización política.

Mariotti advirtió que la reducción generaría un desequilibrio en la competencia electoral, al señalar que el oficialismo cuenta con estructura y recursos públicos, mientras la oposición vería limitados los fondos que le corresponden por ley. En ese sentido, pidió cautela ante el uso de la crisis como instrumento político.

Al sustentar su posición, citó los artículos 44 y 45 de la Ley No. 426-06 (LOPSP), indicando que el Gobierno puede establecer topes de gasto, pero no reducir de manera unilateral las transferencias a los órganos extrapoder cuando estos recursos ya están comprometidos.

También recordó que el artículo 212 de la Constitución establece la independencia presupuestaria y financiera de la Junta Central Electoral (JCE), lo que, a su juicio, impide que el Poder Ejecutivo intervenga mediante disposiciones administrativas.

Sostuvo que cualquier reducción permanente de estos fondos requeriría una modificación a la Ley de Presupuesto en el Congreso Nacional, y advirtió que hacerlo por otra vía implicaría una violación a la autonomía institucional.

Finalmente, consideró contradictorio que se plantee un recorte a los partidos bajo el argumento del aumento en los precios del petróleo, mientras otros renglones como la publicidad oficial y la nómina pública no reflejan ajustes similares. Afirmó que la medida no responde a un objetivo de ahorro, sino a una ventaja electoral.