Santo Domingo, R.D. — La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, presentó sendas querellas formales contra los comunicadores Ingrid Jorge Pérez y Ángel Martínez Jiménez, a quienes acusa de emprender una campaña de difamación y de realizar acciones “abiertamente extorsivas” a través de redes sociales, con el objetivo de dañar su integridad personal y forzarla a reaccionar bajo coacción en el ejercicio de sus funciones públicas.

Las acciones legales fueron depositadas el pasado viernes ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y dadas a conocer este lunes, luego de que la funcionaria encabezara una reunión sobre seguridad ciudadana en el Palacio de la Policía Nacional.

“Como servidora pública, estoy comprometida con el respeto al Estado de derecho, a la justicia y al derecho a la dignidad, que es un derecho fundamental de todas las personas, incluyéndome a mí”, afirmó Raful al ser abordada por la prensa.

RD$100 millones por daños a su honra
En ambas querellas, Raful se constituyó en actor civil, solicitando una indemnización de RD$100 millones de pesos —RD$50 millones contra cada uno de los imputados— por los perjuicios causados a su imagen, su familia y su desempeño institucional.

De acuerdo con los documentos legales, tanto Jorge como Martínez han realizado acusaciones falsas, incluyendo la existencia de presuntos videos íntimos, que describieron públicamente “de forma denigrante”, amenazando incluso con su difusión parcial o total si no se detenían ciertas acciones legales en curso.

“Se trata de una conducta abiertamente extorsiva, agravada por la utilización de medios masivos como YouTube e Instagram, con la clara intención de forzar una reacción de la víctima”, se detalla en la querella.

Plataformas involucradas y contexto legal
Los señalamientos contra Ingrid Jorge refieren su cuenta de Instagram (@ingridjorge) y el canal de YouTube La Tora TV, donde también participa su madre, Claudina Pérez, entre otros familiares. En el caso de Ángel Martínez, se cita su canal @DetectiveAngel, donde supuestamente afirmó tener “videos íntimos” de la ministra, los cuales describió “como parte de un especial”.

Ambos comunicadores son acusados de violar:
-El artículo 44 de la Constitución sobre derecho a la intimidad y al honor.
-Los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre delitos electrónicos.
-El artículo 367 del Código Penal, que sanciona la difamación e injuria.

Martínez Jiménez, quien reside habitualmente en Florida (EE.UU.), se encuentra actualmente impedido de salir del país por medidas de coerción vinculadas a procesos judiciales previos por hechos similares.

Defensa legal y próximos pasos
La ministra Faride Raful es representada por el abogado Miguel Valerio, quien confirmó que las pruebas presentadas ante el Ministerio Público incluyen capturas de pantalla, grabaciones, publicaciones en redes sociales y otros elementos audiovisuales.

Raful reiteró que la acción no busca “silenciar opiniones críticas”, sino poner un alto a lo que calificó como un patrón de violencia digital y extorsión mediática, que ha sobrepasado todos los límites legales y éticos.

“Nadie debe estar por encima de la ley, y mucho menos cuando se utilizan plataformas de gran alcance para dañar la dignidad de otros”, concluyó.

El proceso seguirá su curso legal en las próximas semanas, mientras se espera la notificación formal a los imputados y la fijación de audiencia preliminar.