Legisladores encabezan lista de beneficiarios; expertos cuestionan equidad y transparencia del régimen fiscal
Santo Domingo — Las exoneraciones para la importación de vehículos representaron un sacrificio fiscal superior a los RD$3,854 millones para el Estado dominicano entre 2020 y 2024, bajo disposiciones que otorgan una exención del 100%, según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). El monto reactiva el debate sobre la equidad del régimen de incentivos fiscales vigente y sus efectos sobre la recaudación.
Durante ese período, 2,517 vehículos ingresaron al país con exoneración total, mientras que otras 28,147 unidades lo hicieron bajo algún tipo de exención parcial, totalizando 30,664 vehículos beneficiados. Estas operaciones representaron RD$19,236 millones en impuestos comprometidos, casi el doble del valor registrado entre 2013 y 2020.
Legisladores a la cabeza
Del total exonerado en los últimos cuatro años, RD$2,195 millones correspondieron a legisladores, convirtiéndolos en los principales beneficiarios. Les siguen empresas privadas, con RD$681.1 millones; funcionarios del Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, con RD$503.2 millones; e instituciones religiosas, que acumularon RD$294.7 millones.
El régimen también otorgó RD$32.4 millones en exoneraciones a diversas entidades gubernamentales.
Críticas al modelo actual
Luis Humberto Vargas, investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán (PUCMM), advirtió que este sistema reproduce desigualdades estructurales en la política fiscal. “La mayoría de las exenciones se otorgan a sectores privilegiados, mientras productos básicos como la leche tienen un 18% de ITBIS”, afirmó.
El economista también alertó sobre el uso personal de vehículos importados con exoneración institucional, lo que podría encubrir negocios privados con fondos públicos.
Propuesta de control fiscal independiente
Vargas propuso la creación de un Instituto de Investigación Fiscal independiente para evaluar el impacto real de estas políticas, supervisado por entidades cívicas y con capacidad sancionadora ante la negativa de información.
Gasto en alza
Para 2025, el gasto tributario proyectado en exoneraciones vehiculares alcanzaría los RD$9,192 millones, equivalente al 2.4% del gasto tributario total (estimado en RD$383,566 millones), de acuerdo con el economista Haivanjoe Ng Cortiñas. Esto duplicaría el monto estimado para 2024 (RD$4,557 millones).
Ng advirtió que el marco legal actual es disperso, incoherente y vulnerable a discrecionalidades. Propuso una reforma integral que unifique los beneficios y los alinee con objetivos sociales y económicos claros, además de compararlos con estándares internacionales.
La posición de Hacienda
Desde el Ministerio de Hacienda informaron que se encuentra en desarrollo una metodología para evaluar el impacto de los incentivos fiscales, buscando fortalecer las decisiones basadas en evidencia. La institución aclaró que autoriza los beneficios, pero que la fiscalización recae en la Dirección General de Aduanas (DGA).
Ante cuestionamientos sobre irregularidades, Hacienda afirmó que no se han documentado casos formales bajo su jurisdicción y que cualquier mal uso de las exoneraciones debe sancionarse bajo lo establecido en la Ley 4027.
Un desafío pendiente
En octubre de 2024, el Gobierno propuso una reforma fiscal con el objetivo de recaudar entre RD$110 mil y RD$122 mil millones. La medida fue retirada ante la falta de consenso, pero el monto exonerado a vehículos —equivalente al 3.2% de lo que se esperaba recaudar— evidencia el peso de estos beneficios en el déficit fiscal.
Sumadas otras exenciones similares, el sacrificio fiscal podría superar el 10% de la meta de recaudación. Para muchos expertos, el rediseño del sistema de incentivos no solo es una necesidad técnica, sino una prioridad política.
¿Cómo se obtuvo esta información?
Los datos sobre exoneraciones vehiculares fueron obtenidos mediante una solicitud de libre acceso a la información a la Dirección General de Aduanas. Posteriormente, se limpiaron, organizaron y analizaron las bases de datos para identificar patrones y construir esta investigación, que forma parte de una serie dedicada a examinar el impacto y transparencia del gasto tributario en República Dominicana.
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