Juicio del caso Coral entra en fase final con pedidos de hasta 20 años de prisión

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional entró esta semana en la etapa final del juicio de fondo contra el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre y otros imputados en el caso conocido como Operación Coral y Coral 5G, en el que se les acusa de integrar una presunta red que habría desfalcado al Estado con más de 4,500 millones de pesos entre 2012 y 2020.

De acuerdo con el Ministerio Público, la supuesta estructura —integrada por unas 30 personas físicas y 18 jurídicas— operó mediante el desvío de fondos provenientes del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a través de mecanismos como el abultamiento de nóminas ficticias y otras irregularidades administrativas.

Los fiscales sostienen que los acusados no lograron justificar el origen de sus bienes, lo que, según su planteamiento, evidencia un enriquecimiento irrazonable.

En sus conclusiones, el órgano acusador solicitó penas de hasta 20 años de prisión y multas equivalentes a 400 salarios mínimos para los principales imputados, entre ellos Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza y Julio Camilo De los Santos Viola. También requirió el decomiso de bienes y una indemnización al Estado por los daños causados.

La defensa de Cáceres, representada por abogados como Romel Jiménez, argumentó que no se ha probado la existencia del entramado ni la responsabilidad penal de su defendido. Cuestionó la solidez de los testimonios presentados y señaló la ausencia de trazabilidad bancaria directa que lo vincule con los supuestos desvíos, por lo que solicitó su absolución, el levantamiento de medidas de coerción y la devolución de bienes incautados.

El proceso ha registrado varios aplazamientos por razones de salud de algunos imputados, la complejidad del caso y recursos interpuestos por las partes. En febrero de 2026, la Corte de Apelación rechazó un intento de los acusados de extinguir la acción penal por alegado vencimiento de plazos.