Conversaciones y evidencias documentan fallas previas al colapso del Jet Set

El Ministerio Público presentó conversaciones, audios, fotos y videos que registran durante años las condiciones del techo de la discoteca Jet Set, cuyo colapso provocó la muerte de 236 personas.

Los archivos, extraídos de los celulares de Antonio y Maribel Espaillat, así como de los empleados Gregory Adames y Manuel Jiménez, reconstruyen una cronología que se remonta a 2021. En los intercambios se repite con frecuencia la palabra “urgente”, utilizada ante filtraciones de agua, plafones deteriorados y riesgos estructurales dentro del establecimiento.

Los mensajes reflejan una situación recurrente con reportes de agua cayendo, plafones debilitados y la necesidad de intervenciones. En octubre se insistía en realizar un levantamiento urgente de los plafones, mientras que en enero de 2023 se advertía sobre estructuras “casi cayendo”. Las respuestas evidencian acciones limitadas, como el uso de lonas para contener filtraciones y reparaciones puntuales.

El 8 de abril de 2024 se alertaba sobre la caída de agua “en cantidad” dentro del local. Para octubre de ese mismo año, a menos de seis meses del derrumbe, persistían las advertencias, incluyendo el señalamiento de que “somos bendecidos que no le cae un plafón de esos a nadie”.

En los días previos a la tragedia, los reportes se intensificaron. El 23 de marzo se notificó la caída de un plafón en la madrugada y, 48 horas antes del colapso, se advertía que varios estaban “flojos, casi cayendo”. La noche del 7 de abril, minutos antes del desplome, Maribel informó que había caído un pedazo de plafón sobre una persona. La respuesta fue que se cambiaría la mayoría, a lo que se replicó: “Es el techo que está desbaratado”.

El informe técnico pericial citado en el expediente establece que el colapso corresponde a una falla inducida por sobrecarga. Señala la acumulación de múltiples elementos en el techo, como capas de materiales, equipos de aire acondicionado, tinacos, luminarias y plafones, además de deformaciones en vigas de la zona sur que excedían los límites permisibles.
Ese mismo 7 de abril, horas antes del derrumbe, empleados reportaban trabajos en plafones y condiciones “peligrosas” en la estructura. Según intercambios entre el personal, en el local había hasta 379 personas, mientras que el propietario indicó que eran 315.

Imágenes de cámaras de seguridad muestran a clientes que notaron la caída de materiales y lograron salir del área principal minutos antes del colapso.

La investigación se centra en determinar el nivel de conocimiento que tenían los propietarios sobre las deficiencias estructurales y si las evidencias permiten establecer responsabilidades penales más allá del homicidio involuntario, incluida la posibilidad de dolo eventual.