Informe del PNUD destaca avances en justicia dominicana, pero advierte brechas de acceso

Un análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) identificó avances en la transformación institucional del sistema de justicia en República Dominicana, aunque señala desafíos estructurales que limitan el acceso efectivo.

El documento, titulado “Transformando la Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano”, resalta mejoras en transformación digital, gestión judicial y cumplimiento de plazos, sustentadas en datos del Poder Judicial y otras fuentes oficiales.

Entre los resultados, se destaca la implementación de la Ley 339-22 sobre el uso de medios digitales en procesos judiciales, la firma de más de tres millones de documentos y que cerca del 66 % de los trámites se realizan de forma electrónica. También se reporta una reducción de 21.6 días en la resolución de casos.

El sistema alcanza una capacidad resolutiva promedio superior al 94.9 % a nivel nacional, aunque persisten diferencias territoriales. Mientras el Distrito Nacional registra una tasa de 100.5 %, provincias como Santo Domingo y Montecristi presentan niveles de 90.8 % y 87.9 %, respectivamente.

El informe advierte que el acceso a la justicia está condicionado por factores como la proximidad geográfica, la disponibilidad de servicios y la capacidad de respuesta local, lo que evidencia brechas entre regiones.

Un estudio de percepción incluido en el análisis indica que el 36.3 % de los usuarios consultados enfrentó obstáculos en sus procesos, principalmente por demoras, costos legales y deficiencias en la atención. Asimismo, siete de cada diez personas desconocen los servicios digitales disponibles para gestionar sus casos.

Desde la perspectiva de los profesionales del derecho, los principales retos están relacionados con el desconocimiento de los derechos por parte de los usuarios, los costos procesales y la duración de los procedimientos.

El informe también señala limitaciones en recursos humanos y financieros. Entre 2021 y 2025, la densidad de jueces por cada 100 mil habitantes disminuyó de 7.4 a 6.6, mientras que el presupuesto del Poder Judicial pasó de representar el 1.05 % del gasto nacional en 2019 a un 0.87 % en 2025.

El documento plantea que fortalecer el sistema judicial debe asumirse como una inversión estratégica y propone avanzar en la articulación interinstitucional, el uso de tecnología y el diseño de políticas diferenciadas para reducir las barreras de acceso.

Los resultados fueron presentados durante la Conferencia Nacional del Poder Judicial 2026, con la participación de representantes del sistema de justicia y organismos vinculados.