La Cámara de Diputados aprobó este martes, en primera lectura, una modificación al artículo 21 de la Ley 176-07 sobre los Ayuntamientos y el Distrito Nacional, que eleva del 25 % al 30 % el porcentaje del presupuesto municipal destinado al pago de nóminas, incluidas las remuneraciones de funcionarios electivos.

La propuesta legislativa —resultado de la fusión de tres iniciativas— también busca solucionar el vacío legal que se presenta cuando tanto un alcalde como su vicealcalde renuncian, evitando la intervención del Poder Ejecutivo en estas sustituciones.

Reajuste presupuestario y sanciones

El proyecto, que obtuvo el respaldo unánime de los diputados, fue enviado por el Senado y revisado por la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por el legislador Eliazer Matos. Incluye además una redefinición del uso de los recursos municipales, estableciendo que un 66 % del presupuesto se destine a la prestación de servicios, obras de infraestructura, equipamientos e inversiones de capital.

Se mantienen en 4 % los fondos para programas de educación, salud y género, cuyos criterios de distribución serán definidos por el órgano normativo del ayuntamiento.

Asimismo, se contempla una sanción de dos a cinco años de prisión, multas de cinco a 20 salarios mínimos e inhabilitación para ejercer funciones públicas para quienes violen las disposiciones presupuestarias. La medida también responsabiliza al tesorero y al contralor municipal si no denuncian irregularidades.

Solución al vacío legal de sucesión

El texto introduce una reforma clave al mecanismo de sucesión municipal, estableciendo que, en caso de renuncia simultánea del alcalde y el vicealcalde, no será necesaria la intervención del Poder Ejecutivo. En su lugar, el Concejo de Regidores deberá solicitar a la organización política que postuló al alcalde que proponga un nuevo candidato o candidata para ocupar el cargo vacante.

Si no hay vicealcalde disponible, asumirá temporalmente el secretario general del ayuntamiento —si existe— o el funcionario ejecutivo de mayor jerarquía.

La propuesta fue impulsada por la vicepresidenta de la Cámara, Dhaurely D’aza, quien defendió el reajuste del tope presupuestario como una medida necesaria para reflejar la realidad de los distintos municipios del país.

“Este proyecto responde a una profunda reflexión sobre las necesidades de nuestras comunidades. No es lo mismo administrar Bánica que Santiago de los Caballeros”, afirmó D’aza al intervenir en el hemiciclo.

Próximo paso

La pieza legislativa debe ser conocida en segunda lectura para continuar su curso hacia la promulgación. De ser aprobada, redefinirá las reglas fiscales y sucesorias en los gobiernos locales dominicanos.