Abinader deberá decidir sobre ley que elimina candidaturas independientes tras aprobación en el Congreso

El presidente Luis Abinader deberá decidir en los próximos días si promulga u observa la modificación a la Ley 20-23 de Régimen Electoral, aprobada por el Congreso Nacional, que elimina las candidaturas independientes .

La iniciativa, que suprime los artículos 156, 157 y 158 de la normativa, fue aprobada luego de varias semanas de debate legislativo, en un contexto marcado por la discusión sobre el alcance de una sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba regular esta figura .

El Ejecutivo dispone de un plazo inferior a 10 días para fijar su posición, en medio de cuestionamientos de sectores jurídicos y organizaciones de la sociedad civil que consideran que la medida podría contradecir decisiones del alto tribunal .

El exjuez del Tribunal Constitucional, Rafael Díaz Filpo, sostuvo que la decisión legislativa representa una extralimitación de funciones y una violación a la autoridad del órgano constitucional .

Por su parte, el abogado Alberto Fiallo, quien impulsó la acción de inconstitucionalidad que dio origen al fallo del tribunal, pidió al mandatario no promulgar la ley, al considerar que la eliminación de las candidaturas independientes limita la participación política y reduce opciones fuera de los partidos tradicionales .

Desde la organización Participación Ciudadana, su vocera Leidy Blanco afirmó que la decisión recae en el Ejecutivo y defendió que la inclusión de candidaturas independientes puede incentivar la renovación de las propuestas políticas .

El debate se originó tras la sentencia TC/0788/24, emitida en diciembre de 2024, que declaró inconstitucionales disposiciones que obligaban a los aspirantes independientes a canalizar sus candidaturas a través de agrupaciones políticas .

Aunque la Junta Central Electoral y legisladores presentaron propuestas para regular esta modalidad, el Congreso aprobó una iniciativa que opta por suprimirla, con el respaldo de distintas fuerzas políticas .

La decisión final del Ejecutivo definirá el futuro de la figura en el sistema electoral dominicano y su compatibilidad con el marco constitucional vigente .