El Ministerio Público ha revelado que José “Jochi” Gómez Canaán, uno de los principales imputados en el caso Camaleón, habría obtenido documentos confidenciales de la Procuraduría General de la República con el fin de frenar las indagatorias en su contra. Este hallazgo forma parte del expediente de solicitud de medidas de coerción elaborado por las autoridades.
Según la investigación, en la residencia de Gómez se encontró una copia de una solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a la Contraloría General de la República, que pedía información sobre los pagos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) a la empresa Transcore Latam.
El informe de la Procuraduría indica que el imputado “tenía la investigación del Ministerio Público infiltrada”, ya que poseía documentos interinstitucionales confidenciales esenciales para el avance del caso. Entre los documentos hallados se incluye una solicitud de investigación especial a la Unidad de Antifraudes de la Contraloría, que busca detallar procesos de compras y contrataciones en el Intrant.
Además, las autoridades encontraron un documento con nombres de jueces, abogados y oficinistas, lo que añade una capa de preocupación sobre la posible manipulación del sistema judicial.
El Ministerio Público cuenta con 49 pruebas materiales en el caso Camaleón, que incluyen drones, cámaras espías, armas de fuego y otros equipos de vigilancia. Se señala a siete personas y dos empresas en relación con este caso, incluyendo al exdirector del Intrant, Hugo Beras, quienes estarían involucrados en una estructura de corrupción para obtener contratos ilegales.
La solicitud de medida de coerción incluye una petición de prisión preventiva de hasta 18 meses, lo que subraya la gravedad de las acusaciones y el compromiso del Ministerio Público por esclarecer el caso.