San Salvador, El Salvador – Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha anunciado su intención de buscar la reelección en las próximas elecciones, desencadenando críticas y preocupaciones sobre la legalidad de su candidatura. El Parlamento aprobó una licencia de seis meses para permitir que Bukele se ausente del cargo y participe en la campaña, desafiando las disposiciones constitucionales que prohíben la reelección inmediata.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia modificó en septiembre de 2021 su criterio sobre la reelección inmediata, allanando el camino para que Bukele busque un segundo mandato. Esta medida ha sido comparada con movimientos similares en Honduras y Nicaragua, donde líderes han buscado perpetuarse en el poder.
A pesar de múltiples llamados a respetar la Constitución, Bukele ha ignorado las restricciones constitucionales y ha lanzado su campaña en un momento de alta popularidad gracias a medidas controvertidas en el ámbito de seguridad. La aprobación de una licencia sin presentar una terna para reemplazarlo durante la campaña ha generado críticas sobre la transparencia del proceso.
El presidente contará con el respaldo de su vicepresidente, Félix Ulloa, quien también buscará la reelección. La designación de Claudia Juana Rodríguez de Guevara como única sustituta ha generado críticas, ya que se señala su vinculación a los negocios y finanzas del presidente.
La oposición denuncia un «triple fraude constitucional» y critica la falta de cumplimiento de normas constitucionales. A pesar de las controversias, los diputados aprobaron el interinato de Rodríguez de Guevara, quien se convertirá en la primera mujer en ocupar la presidencia de El Salvador.
Este anuncio ha generado preocupaciones sobre la equidad en la competencia electoral, ya que Bukele mantendrá sus fueros presidenciales y control sobre instituciones clave. El uso de herramientas de espionaje, como el software Pegasus, también ha generado inquietudes sobre la intimidación y vigilancia a opositores.
El proceso electoral en El Salvador será monitoreado de cerca ante las preocupaciones sobre la integridad del proceso y el respeto a las normas democráticas establecidas en la Constitución del país.
