Ingeniero plantea aplicar sin excepciones ley que busca reactivar obras públicas paralizadas

El ingeniero Teodoro Tejada advirtió que la Ley 83-24, destinada a destrabar procesos legales que han impedido la finalización de infraestructuras estatales, debe aplicarse sin excepción a todas las obras gubernamentales en ejecución.

El también expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) explicó que la normativa, promulgada el 17 de diciembre de 2024, modifica artículos de la Ley 118-21 con el objetivo de dar continuidad a proyectos detenidos por trabas legales y presupuestarias.

Según indicó, la legislación procura garantizar la reanudación y culminación de obras como escuelas, hospitales, carreteras y presas, al permitir la cubicación de proyectos que habían sido suspendidos por falta de recursos.

Tejada detalló que el artículo 3 introduce cambios a disposiciones previas y establece un carácter transitorio, aplicable a obras que superen el 25 % del monto contratado, así como a aquellas que aún no han iniciado, con el fin de facilitar su conclusión por las instituciones responsables.

No obstante, calificó como “extraño y absurdo” que varias entidades públicas hayan quedado fuera del alcance de la ley, entre ellas el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, corporaciones de acueductos y alcantarillados, así como los ministerios de Deportes y Turismo.

Sostuvo que esta exclusión vulnera el principio de igualdad establecido en el artículo 39 de la Constitución dominicana. Asimismo, recordó la aplicación del principio de favorabilidad recogido en la sentencia TC/0323/17 del Tribunal Constitucional, que, según afirmó, impide la aplicación selectiva de la norma en perjuicio de determinadas entidades u obras.

El ingeniero también advirtió que los funcionarios que incumplan la aplicación de la Ley 83-24 podrían enfrentar consecuencias legales, al incurrir en violaciones al artículo 148 de la Constitución, relativo a la responsabilidad civil.

La Ley 83-24 fue promulgada como una medida orientada a reactivar proyectos de infraestructura considerados clave para el desarrollo nacional.